La ciencia de la duda: Separando Estado y Creencia

Una entrevista a la Ministra de Medio Ambiente dio lugar a fuertes críticas por limitarse a afirmar que Chile ha tomado la decisión democrática de tener una institucionalidad frente al cambio climático y que hay un compromiso de tener “una meta de alcanzar la carbono neutralidad al 2050”, pero, y de aquí surgió la polémica, sin expresar de forma rotunda y como creencia personal que el cambio climático tiene una causa antropogénica. Se la acusa de “negacionismo climático” por relativizar el fenómeno no obstante el peso del amplio consenso científico que da por establecido que el calentamiento global es culpa del ser humano.

Llama la atención, no la creencia personal de la Ministra (esperable en su signo) sino el absolutismo de la crítica pues se ha centrado  en acusar una supuesta convicción personal de la autoridad que en la misma entrevista reafirmó sin ambages las políticas que el Estado asumió en la agenda del cambio climático. El núcleo de la crítica fue la faz subjetiva de la Ministra, sus creencias personales en torno a las causas del fenómeno climático, pero no se ha puesto en valor el hecho de que pese a sus propias creencias, antepuso - al menos en el discurso - los compromisos estatales y los criterios objetivos y científicos prestablecidos en nuestra institucionalidad ambiental. A determinados actores no les resultó suficiente y parecen exigir que la Ministra de Medio Ambiente debiera abrazar personalmente, aún en su fuero íntimo, una determinada razón o posición ideológica más allá de lo que ella misma exprese y construya a nivel institucional. En síntesis, se le demanda una adhesión espiritual a una posición determinada, si esta ha sido validada por el consenso científico. Es un problema concreto que atraviesa la construcción política progresista actual, derivando en una forma de escrutinio que, bajo la apariencia de una transparencia democrática, oculta una inquietante inclinación hacia la inquisición secular.

Si bien la crítica se ampara esta vez en “la ciencia”, olvidando que precisamente la ciencia, en su acepción más rigurosa, no es un catecismo de verdades reveladas, sino un proceso dialéctico de constante revisión y falsación. Cuando la política exige que un funcionario convierta un paradigma científico en un artículo de fe, está abandonando el terreno de la razón crítica para instalarse en el del dogma. En una democracia madura, el Estado opera como un marco simbólico que exige la suspensión de la subjetividad privada; por lo tanto, es precisamente la capacidad de estas autoridades para subordinar sus creencias personales a la estructura legal lo que garantiza la estabilidad de la institución, y no su supuesta "conversión" a la ideología dominante, aún cuando esta cuente con el más amplio consenso científico.

Esta obsesión por la pureza ideológica encuentra su caldo de cultivo en lo que se ha descrito como una moralización punitiva de la vida pública. El ecologismo, en su vertiente más dogmática, ha dejado de ser una preocupación por la sostenibilidad para transformarse, en palabras de Slavoj Žižek, en un nuevo opio del pueblo que nos impone la culpa antropogénica como una identidad ineludible. Esta dinámica se alimenta de lo que Mark Fisher identificó como una tendencia a convertir el sufrimiento en capital ético, instituyendo regímenes de vigilancia donde el objetivo no es la transformación material de la sociedad, sino la búsqueda de la impureza en el otro para su lapidación pública. Al exigir que el funcionario sea una extensión de sus propias creencias, o que module sus creencias personales a las posiciones adheridas por el Estado, se destruye la pluralidad que el Estado debe contener, transformando la arena política en un confesionario donde se juzga la "huella moral" del individuo.

La verdadera amenaza para la democracia no reside tanto en la convicción privada de quien gobierna, como en la pretensión de que existe una verdad única, ya sea científica o moral, que no pueda ser cuestionada. La madurez política consiste en la capacidad de habitar la contradicción: reconocer que el Estado es un espacio donde el sujeto se suspende para que la ley, aunque imperfecta y provisional, pueda operar. Exigir que los ministros sean seres sin contradicciones es despojar a la política de su humanidad, convirtiéndola en una estructura rígida que terminará por colapsar ante la menor disidencia. Es imperativo rescatar la idea de que la democracia es, por definición, el espacio del conflicto y del desacuerdo, y que un funcionario que admite su escisión interna pero que la subordina a la institucionalidad es, en última instancia, un garante más fiable del orden público que aquel que pretende que su ideología es la única naturaleza posible del sentido común. Ahora, si se cruza algún límite trasladando creencias personales a políticas institucionales, será cuando realmente urja, no solo la crítica, sino la defensa efectiva de nuestros compromisos como nación.