La performance punitiva: auctoritas, potestas y el garrote constitucional

Mi profesor de Derecho Romano, el brillante y prematuramente extinto Aquiles Aliaga, nos remarcaba la distinción fundamental entre auctoritas y potestas. La potestad es el poder legal, coercitivo y formal, vinculado al cargo; la autoridad, en cambio, es el peso moral, el prestigio y la sabiduría reconocida que legitima sin necesidad de imposición. Kast evidencia carencias de esto último: no hay sabiduría en su aversión por los humedales y la ciencia, en sus discusiones amenazantes con un niño, en sus falsas promesas electorales disfrazadas de «metáforas». De esa carencia brota la necesidad de superdotarse de potestades para ejercer por la fuerza aquello que no representa. Los dos ciudadanos detenidos y formalizados por «amenazas a la autoridad» tras comentar en redes sociales son la prueba: el garrote defendiendo a quien- en lo íntimo- se autopercibe como autoridad, pero desborda ego dolido, vanidad que era sostenida por las milicias digitales del tristemente célebre argentino Cerimedo. 

La reforma constitucional de Kast no es un plan de seguridad; es una prótesis autoritaria. Francisco Zúñiga lo diagnosticó con precisión en El Mercurio: populismo constitucional y constitucionalismo abusivo, que deforma la Carta para erosionar los derechos fundamentales. El mensaje presidencial, con su retórica de «soberanía popular» y «carácter instrumental de las instituciones», es puro postureo jacobino. Incurre además en grafomanía constitucional (Sartori): escribir en la Constitución lo que corresponde a la ley, y en una confusión conceptual sobre qué es seguridad pública, ora fin del Estado, ora fin superior al orden público.

El nuevo estado de excepción de seguridad pública es la pieza central de esta farsa. Permite al Presidente suspender la libertad personal, la locomoción, la reunión, la asociación, interceptar comunicaciones y requisar bienes, bajo la dependencia inmediata de un Oficial General designado a dedo. Puede durar 120 días prorrogables por otros 120 sin control del Congreso; solo las prórrogas sucesivas requieren acuerdo parlamentario. Y el nuevo artículo 53 N° 11 permite declarar a cualquier organización como «terrorista» con la aprobación del Senado en sesión secreta, sin modificaciones y en cinco días. El Ejecutivo decide, el Senado aplaude, los derechos se suspenden con la elegancia de un matarife.

Lo que subyace es el goce obsceno de la punición que diría Žižek: ofrecer el espectáculo de la crueldad legítima. Y el realismo capitalista advertido por Mark Fisher no queda afuera, una sociedad que ha renunciado a imaginar alternativas. El crimen organizado no es una anomalía; es producto de un sistema donde el exitismo empuja al joven del ghetto al narco como única vía di no turne la aptitud futbolística y lis padres de Gary Medel. Esta derecha “libertaria”, prefiere muros y suspensiones antes que enfrentar esa realidad.

Kast ofrece seguridad a cambio de libertad y progreso, pero empieza a demostrar a pocos meses de rodaje que no tiene autoridad para ofrecer nada: solo potestades que él mismo le aplica a “la banda presidencial”. La reforma hace tabula rasa de la experiencia dictatorial, donde el estado de excepción era permanente para anunciar otro simplemente prolongado pero igual de abusivo. Aún peor, el derecho corre el riesgo de convertirse en papel mojado que se firma al ritmo de las encuestas. En el hastío, la promesa de orden a cualquier precio se vuelve irresistible. El populismo penal no ofrece soluciones, ofrece chivos expiatorios. Mientras Kast firma decretos, el crimen organizado sigue tejiendo su red, esperando la próxima ola de autoritarismo ingenioso. Es lo que ocurre cuando falla el verdadero concepto de autoridad.