Aluvión: un giro desde lo ideológico a lo inevitable.

El aluvión del 8 de octubre de 2026 en Las Condes no fue un "accidente" geológico, sino la manifestación brutal de una crisis climática que, tras décadas de advertencias científicas, ha dejado de ser una amenaza futura para convertirse en nuestra realidad presente. Lo que ocurrió en San Carlos de Apoquindo es la firma de una deuda que la ultraderecha que nos gobierna desde el norte del continente, en su arrogancia, creyó que podría eludir mediante la negación y la burla. La tragedia, que afortunadamente no dejó víctimas fatales, funciona como un espejo incómodo: al golpear el corazón electoral de José Antonio Kast, la realidad climática ha forzado a una élite política a dimensionar, por pura proximidad vecinal, lo que sistemáticamente ignoraron cuando el desastre golpeaba a las comunas postergadas del norte. Esa desigualdad en la respuesta estatal —donde la urgencia se mide por el código postal y no por la vida humana— es el síntoma de una gestión que ha confundido la soberanía con la capacidad de ignorar el entorno.

La frase "¡Chao guías ambientales, chao ideología!", pronunciada por el hoy presidente en 2025, no fue un exabrupto, sino una declaración de principios de lo que ahora como gobierno implica tratar al sistema climático como si fuera una farsa ideológica de su enemigo político antes que una realidad objetiva y científicamente consensuafa. Al desechar la prevención y recortar los presupuestos en ciencias e investigación y en obra pública de preparación ante el desastre bajo la premisa de eficiencia, el ministro Quiroz y su equipo solo ahorran en papel mientras desmantelan el sistema inmunológico del país frente a un clima que ya no es el de hace veinte años. El cambio climático no es una "ideología" que se pueda vetar; es un sistema termodinámico que responde a la concentración de gases de efecto invernadero y a la alteración de los ciclos hidrológicos. La ultraderecha ha intentado gobernar como si el clima fuera aún una variable constante, cuando en realidad estamos entrando en una fase de volatilidad extrema donde las lluvias de primavera, antes benignas, hoy se transforman en torrentes destructivos sobre suelos exhaustos por incendios que, a su vez, son hijos de la sequía crónica y el aumento de las temperaturas.

Es profundamente cínico que la ministra Francisca Toledo, tras haber pasado meses cuestionando el consenso científico sobre el origen humano del calentamiento global - que a nivel personal podrá excusársele siempre que respete la institucionalidad establecida- intente ahora trasladar la responsabilidad del desastre a los municipios y los gobiernos regionales mediante oficios de fiscalización que tampoco le competen. Es un ejercicio de prestidigitación política: se exige a las regiones que cumplan con Planes de Acción de Cambio Climático que el propio gobierno ha dejado sin financiamiento, vaciándolos de cualquier capacidad operativa. Trasladar la carga a municipios que carecen de recursos es la forma más perversa de admitir que el Estado central ha renunciado a su deber de protección. La ministra, en su personal negacionismo, ha intentado convertir una crisis existencial en un problema de gestión local, pretendiendo que un oficio burocrático puede detener el avance de un sistema climático desbocado que no reconoce jurisdicciones para desplegar el desastre.

Chile, bajo esta administración, se desliza peligrosamente hacia el germen de un escenario de desplazados ambientales. Estamos sacrificando nuestra resiliencia en el altar de una quimera: la idea de que podemos ser un paraíso fiscal para grandes corporaciones mientras el territorio se vuelve inhabitable. La ultraderecha ha vendido a sus sponsors la ilusión de un desarrollo sin fricciones, pero la realidad climática es la fricción definitiva. Si no se invierte hoy en la restauración de cuencas, en la infraestructura de drenaje resiliente y en la protección de los ecosistemas que aún nos quedan, el futuro no será el paraíso de inversión que prometieron, sino un país de refugiados climáticos, huyendo de las zonas costeras inundadas por el aumento del nivel del mar o de los valles que, como Las Condes, ya no pueden contener la furia de los nuevos ciclos de precipitaciones.

La falta de previsión no es un descuido cuando se cuenta con todos estos antecedentes, pasa a ser un modelo. Al tratar la crisis climática como una "ideología" de la izquierda, la ultraderecha desarma al país frente a una catástrofe que ya está aquí al grito de sálvese el que pueda. El aluvión de Las Condes es el recordatorio de que la naturaleza no tiene preferencias políticas: el barro no distingue entre el elector de Kast y el votante progresista. La soberanía, en el siglo XXI, no se defenderá solo con fragatas ni con ejercicios militares, sino con la capacidad de un Estado para proteger a su población de los embates de un planeta que hemos transformado radicalmente. Seguir recortando gastos en prevención para alimentar el espejismo de la austeridad es una forma de suicidio colectivo. El desastre de octubre no es el final de la historia, sino el prólogo de una era donde la negación climática se pagará, cada vez más, con la infraestructura de nuestras ciudades y la seguridad de nuestras familias.